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De esta tragedia ocurrida en 1911, ya han pasado más de 100 años; sin embargo, hoy la historia se repite. El pasado 8 de marzo, mientras miles de mujeres marchaban en todo el mundo contra la violencia y la desigualdad de género, en Guatemala ocurría lo impensable. 43 niñas murieron quemadas en la Casa Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Cuando se originó el incendio no pudieron salir, porque habían sido encerradas en un cuarto bajo llave.

Según lo informó el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala –cuyo rol es similar al que cumple el Defensor del Pueblo en nuestro país–, un día antes de esta nueva tragedia, se había producido un amotinamiento en las instalaciones del albergue durante el cual un grupo de menores intentó escapar; algunos lo lograron, pero otros fueron detenidos por agentes de la Policía y forzados a retornar a la institución. Ese mismo día, según las averiguaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), más de 100 niños y niñas fueron encerrados: 52 niños en el auditorio y unas 60 niñas en un aula de 7 por 6.28 metros cuadrados.

El incendio del 8 de marzo se inició precisamente en el aula donde las niñas estaban retenidas. Si bien sus causas están aún bajo investigación, diversos medios han venido señalando que el fuego se habría originado porque las niñas empezaron a quemar colchonetas para protestar y para que las dejaran salir. Al respecto, una niña de 13 años que sobrevivió al incendio, narró esta semana que una niña llamada Mimí empezó a quemar las colchonetas y que cuando las llamas aumentaron “Empezamos a golpear la puerta para que nos abrieran y no nos abrían”. 

Tras lo ocurrido, el Presidente de Guatemala no tuvo más alternativa que declarar en conferencia de prensa que el Estado de Guatemala era responsable de la tragedia sucedida. Y es que el Hogar donde ocurrió la masacre dependía nada menos que de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, razón por la cual, en el marco de la investigación penal que está en curso, ya han sido detenidos el Secretario de Bienestar Social, la Subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social y el Director del albergue.

Lo más grave de todo es que mucho antes del 8 de marzo, el albergue, que tenía como fin acoger a menores en situación de extrema vulnerabilidad, ya había sido objeto de reiterados cuestionamientos y denuncias. La gravedad de los hechos ya era tal que el 11 de noviembre del año pasado la Procuradoría de los Derechos Humanos de Guatemala había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado de Guatemala que adopte las medidas de protección necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El pedido, realizado cinco meses antes del incendio, se debía a que entre 2013 y 2016 la Procuraduría había podido constatar una serie de hechos que exponían a los menores a diversas situaciones de riesgo: hacinamiento (la capacidad era para 400 personas, pero en 2016 habían 800 menores), insuficiente personal de seguridad (solo dos policías y dos agentes de seguridad privada para todo el albergue), presuntas agresiones físicas, psicológicas y sexuales por parte de los monitores, entre otros.

La solicitud de medidas de protección, sin embargo, recién fue acogida el 12 de marzo, es decir, con posterioridad al incendio: ¡demasiado tarde! La demora es atribuible en primer lugar a la propia CIDH, que tardó casi tres meses en trasladar la solicitud al Estado de Guatemala, para que éste formulara sus observaciones en un plazo de 15 días. Y en segundo lugar, al Estado de Guatemala, que nunca envió su respuesta. Por eso con justa razón, muchos han salido a advertir que a las niñas no las mató el incendio, sino la indiferencia de un Estado que debía protegerlas.

¿Tan poco importa la vida e integridad de las mujeres y de las niñas? Sabemos que no, pero es difícil creerlo cuando los hechos demuestran que nos siguen maltratando, violando y matando. Puede haber pasado más de un siglo desde que el mundo entero se horrorizó ante la masacre de la fábrica Triangle Shirtwaist, pero nos siguen quemando. 

Ahora que Guatemala está de luto, no seamos indiferentes. Reflexionemos más bien sobre qué estamos haciendo nosotros, autoridades y ciudadanos, para garantizar que en nuestro país las niñas y mujeres vivan seguras y libres de violencia. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 2016 nos dejó un saldo de casi 300 casos de feminicidio (95 feminicidios y 198 tentativas de feminicidio), que es la expresión más brutal de violencia contra las mujeres. No dejemos que se siga repitiendo la historia.