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El actual escenario que enfrenta el Perú en la lucha contra en narcotráfico es el peor de las últimas tres décadas. Por un lado, los factores externos que están presionando la mayor presencia del narcotráfico en el Perú: como el fuerte crecimiento de la demanda mundial de cocaína en los últimos años; el gran despliegue de recursos para combatir el narcotráfico en Colombia; y, la mayor demanda de cocaína en Brasil y los países del Cono Sur para consumo y reexportación.

Por otro lado, están los factores internos, que desde 2019 se vienen deteriorando aceleradamente debido a la inacción del gobierno por la pandemia del COVID-19. Así por ejemplo en los años 2020 y 2021 solo se erradicaron 6,272 y 5,774 hectáreas de coca ilícita respetivamente, mientras que en Colombia se erradicaron 130,147 y 103,257 hectáreas. De la misma manera, solo se incautaron 24 y 29 toneladas de cocaína, mientras que Colombia incautó 506 y 669 toneladas. Esta pasividad o negligencia en la lucha contra el narcotráfico nos ha llevado a que actualmente Perú tenga el record de más de 80 mil hectáreas de coca con una producción potencial de 750.000 kilogramos de cocaína al año.

Además, nos hemos convertido en un país con la presencia de todas las organizaciones criminales internacionales del narcotráfico: Cárteles mexicanos, colombianos, brasileros, italianos, rusos, albaneses, serbios, entre otros. También se han multiplicado y expandido los cárteles criollo o firmas nacionales narcos que dominan la elaboración de drogas, la provisión de los precursores químicos, el trasiego de la droga, la infiltración en los puertos y aeropuertos y el financiamiento de las operaciones del narcotráfico que en el país movilizan más de 3,000 millones de dólares al año.

En ese nefasto contexto, el escenario se complica con las iniciativas anunciadas por el gobierno del presidente Castillo y sus aliados que, sin duda, llevarán a la precarización de la débil política antidrogas en el país.

Desde la campaña electoral, el entonces candidato Pedro Castillo se ha aliado con los gremios de cocaleros, especialmente con los del VRAEM que suministran la hoja de coca a los narcotraficantes. Prometió cambiar la política antidrogas, eliminando la erradicación de cultivos que van al narcotráfico, legalizando toda la producción de coca, promoviendo la inviable industrialización de la coca, e incluso expulsando a agencias de Estados Unidos como USAID, DEA, INL.

En la última semana, dos hechos confirman las intenciones del gobierno expuestas durante la campaña electoral. Por un lado, un aliado del gobierno, el congresista Bermejo, ha presentado un proyecto de ley para bolivianizar la política antidrogas legalizando a todos los cocaleros, eliminando la erradicación de cultivos, impulsando la industrialización, es decir, tal como lo ofreció el propio Pedro Castillo en la campaña electoral. Por otro lado, el titular de DEVIDA, Ricardo Soberón, ha sostenido reuniones en el VRAEM y ha anunciado no sólo su apoyo a la iniciativa del congresista Bermejo, sino también el lanzamiento del "Pacto Social" como nuevo componente de la política antidrogas, es decir, someter a la voluntad de los cocaleros la erradicación de cultivos ilícitos de coca. Anunciando que voluntariamente reducirían la ridícula cifra de 1.000 hectáreas por año en el VRAEM (donde actualmente hay más de 30.000 hectáreas ilegales). Una absurda distracción a un verdadero enfrentamiento al narcotráfico.

La industrialización de la hoja de coca no es una solución, el mejor ejemplo es Bolivia donde el régimen cocalero de Evo Morales y ahora de Luis Arce suman más de 15 años promoviendo la industrialización de la hoja de coca y lo único que pueden mostrar es una fábrica donada por Hugo Chavez que está hasta el día de hoy cerrada, es decir un fracaso rotundo. Perú, sin tanta propaganda política, industrializa en el mejor de los casos de acuerdo a estudios elaborados por DEVIDA con apoyo de la Unión Europea alrededor de 1,500 toneladas al año. Para la producción 1,500 toneladas de coca solo se requieren 700 hectáreas de cultivos, mientras que Perú produce más de 80,000 hectáreas.

Con relación a la erradicación voluntaria, ya se implementaron proyectos similares en el Perú en el año 2004 en el Alto Huallaga que no funcionó y más recientemente con el gobierno de Ollanta Humala en la que se despilfarraron 100 millones de dólares en el programa de “Reconversión Productiva” que regaló el dinero de todos los peruanos, 600 soles mensuales por tres años por cada hectárea auto-erradicada en el VRAEM. Los cultivos de coca durante el período del programa se incrementaron en el VRAEM.

Llama la atención que, no obstante, el indudable deterioro de la política antidrogas en el Perú y sus negativas consecuencias en el corto plazo (aumento de la producción y exportación de cocaína, mayor presencia de organizaciones criminales internacionales, deterioro de la ya complicada situación de seguridad), no haya una gran reacción de la opinión pública, de los partidos políticos de oposición, y menos de la comunidad internacional como EEUU, la Unión Europea o la UNODC.

Con estos hechos Perú ha acelerado su proceso de degradación para convertirse en el primer productor de coca y cocaína en el mundo.